Leí el artículo sobre Lihi Darnell (Gluzman), la testigo protegida en el caso del asesinato de Asaf Steierman, que ahora se está formando en el campo de la psicología clínica. Más allá del debate jurídico y público, este caso plantea a mis ojos una pregunta profesional mucho más amplia:
¿Hasta qué punto investigan a fondo las organizaciones a las personas en cuyas manos depositan poder, influencia y confianza?
En este caso se trata de una profesión terapéutica. En otros ámbitos se trata de un director financiero, un oficial de seguridad, un responsable de compras, una persona de IT con permisos amplios o un empleado expuesto a información sensible.
Una de las lecciones centrales del mundo de las insider threats es que no todo riesgo se mide por los antecedentes penales o una condena. A veces son precisamente los patrones de conducta, la toma de decisiones bajo presión, el juicio moral y las reacciones ante situaciones extremas los que deberían encender las señales de alerta.
Muchas organizaciones se centran en la pregunta "¿Tiene este empleado antecedentes penales?", pero a menudo la pregunta más importante es: "¿Existe información relevante sobre su conducta pasada que nos haría pensarlo dos veces antes de asignarle un puesto sensible?"
En este caso concreto no se trata de una cuestión jurídica, sino de una cuestión de gestión de riesgos.
Cuando se prevé que una persona ocupe una posición de confianza, influya en otras personas o acceda a recursos sensibles, conviene examinar varias capas: un historial de toma de decisiones en situaciones extremas; la implicación en hechos de relevancia pública o moral; las brechas entre la imagen actual y hechos pasados significativos; una evaluación de riesgo actualizada y no puntual; y mecanismos de supervisión y control a lo largo del tiempo.
También es importante recordar que las insider threats no surgen únicamente de una intención maliciosa. A veces provienen de un juicio deficiente, de ocultar información, de una falta de responsabilidad o de conflictos de valores que no se detectaron a tiempo.
En definitiva, cada organización debe decidir dónde está la línea entre la rehabilitación personal y la responsabilidad profesional. Es una decisión compleja, pero debe tomarse desde una gestión de riesgos informada y no desde la suposición de que, si no hay impedimento legal, tampoco hay riesgo.