Imagine una situación sencilla. Una empresa está a punto de contratar a un nuevo proveedor. Como parte del proceso de alta, el proveedor se coteja con las listas de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El nombre del proveedor no figura en la lista.
Los nombres de sus directores tampoco figuran.
La verificación se marca como correcta y el proveedor queda aprobado.
Pero nadie hizo una pregunta importante: ¿quién posee realmente la empresa, y quién posee las empresas que la poseen?
Y justamente ahí empieza el problema.
En agosto de 2014, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos actualizó su guía sobre las empresas que son propiedad de personas o entidades sancionadas.
El principio, conocido como la regla del 50%, es bastante sencillo:
Una empresa se considera bloqueada si una o más personas bloqueadas poseen en ella, de forma agregada, directa o indirectamente, una participación del 50% o más.
Y esto es así aunque el nombre de la propia empresa no figure en absoluto en la lista de sanciones.
Para entender lo que esto significa, veamos dos ejemplos.
Primer ejemplo: participaciones agregadas
Una persona sancionada posee el 25% de la Empresa A.
Otra persona, también sancionada, posee otro 25%.
Ninguna de las dos controla la empresa, pero juntas poseen el 50% de ella.
Para la OFAC, la empresa se considera bloqueada.
La regla se aplica incluso cuando los dos accionistas están incluidos en programas de sanciones completamente distintos.
Segundo ejemplo: propiedad indirecta
Una persona sancionada posee el 50% de la Empresa B.
La Empresa B posee el 50% de la Empresa C.
La Empresa C también se considera bloqueada, aunque su nombre no figure en la lista de sanciones.
Y aquí conviene entender otra distinción.
Propiedad y control no son necesariamente lo mismo.
Una persona sancionada puede controlar de hecho una empresa sin poseer el 50% de sus acciones.
Según la regla del 50% de la OFAC, el control por sí solo no convierte automáticamente a la empresa en bloqueada.
Pero eso no significa, en absoluto, que cualquier operación con ella esté permitida.
Por ejemplo, por regla general, una persona o entidad estadounidense no puede celebrar un contrato firmado por una persona bloqueada en nombre de una empresa no bloqueada, salvo que exista una autorización adecuada.
La OFAC también recomienda actuar con cautela cuando personas bloqueadas poseen menos del 50% de una empresa o ejercen control sobre ella por otras vías.
Entonces, ¿qué significa esto para la diligencia debida sobre proveedores y socios comerciales?
• No basta con comprobar si el nombre de la empresa figura en la lista de sanciones. Hay que identificar a sus accionistas y examinar la cadena de propiedad, capa por capa.
• No basta con revisar a cada accionista por separado. Hay que sumar las participaciones de todas las personas bloqueadas.
• No basta con revisar la propiedad directa. La propiedad indirecta también puede llevar al bloqueo de la empresa.
• No basta con saber quién posee la empresa. También hay que comprobar quién la representa y quién está autorizado a firmar en su nombre.
• Y, sobre todo, hay que ser preciso en las conclusiones. "No se encontró ninguna coincidencia en la lista de sanciones" no es la misma conclusión que "la empresa no está sujeta a sanciones".
Una salvedad importante: las normas de la OFAC se aplican principalmente a personas y entidades estadounidenses y a la actividad bajo jurisdicción de Estados Unidos. Algunos programas de sanciones imponen restricciones adicionales, y en otros países pueden regir normas diferentes.
Y hay otra limitación que conviene conocer.
Incluso una verificación de antecedentes exhaustiva basada en inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) depende de la información que se pueda localizar.
Es posible analizar estructuras de propiedad, identificar accionistas, rastrear cadenas de participación y cotejar la información con las listas de sanciones.
Pero no se puede garantizar la detección de una propiedad oculta que no esté documentada en ninguna fuente accesible.
Por eso, la verificación de sanciones es parte de la diligencia debida. No sustituye a la diligencia debida.
El próximo proveedor que exponga a su organización a un riesgo de infringir sanciones no necesariamente figurará en la lista de sanciones.
Es posible que aparezca, más bien, en el diagrama de su propia estructura de propiedad, varias capas por debajo de la superficie.